HARRISBURG - La carrera para convertirse en el próximo fiscal general de Pensilvania será una de las contiendas más seguidas este otoño, ya que seis candidatos compiten por la oportunidad de ocupar uno de los cargos más poderosos del estado.
Con un presupuesto de 144 millones de dólares y un equipo de 1.060 fiscales, abogados, investigadores y demás personal, la Fiscalía General es, en esencia, el bufete de abogados que representa al vasto gobierno de Pensilvania y defiende sus leyes ante los tribunales.
Pero también investiga y persigue todo tipo de delitos, desde la delincuencia organizada hasta la corrupción política, una misión que en las últimas décadas ha impulsado el perfil de la oficina y, por extensión, el perfil público de la persona que dirige la agencia.
En los últimos años, el fiscal general ha desempeñado un papel central en la decisión de asuntos de interés político nacional, sobre todo en la defensa de las leyes electorales de la commonwealth, combatiendo los intentos en 2020 de disputar la victoria del presidente Joe Biden en el estado y defendiendo el acceso a las papeletas frente a las impugnaciones.
La oficina también ha llevado a cabo algunas de las investigaciones y procesamientos más notables de las dos últimas décadas, incluidos varios escándalos políticamente explosivos que envolvieron a la legislatura de Pensilvania. También emitió duros informes del gran jurado, incluido uno que saltó a los titulares de todo el mundo por revelar cómo altos dirigentes Católico Romano de Pensilvania encubrieron décadas de abusos sexuales a menores en los que estaban implicadas más de 1.000 víctimas y cientos de sacerdotes.
No hay ningún titular en la carrera de este año. La fiscal general Michelle Henry fue nombrada para el cargo en 2023 por su predecesor, el demócrata Josh Shapiro, que dimitió antes de terminar su mandato para convertirse en gobernador. Ella está postulando a un mandato completo.
Hay dos candidatos de los principales partidos — el demócrata Eugene DePasquale y el republicano Dave Sunday — así como cuatro aspirantes de terceros partidos: Justin L. Magill del Partido de la Constitución, Eric Settle del Partido Forward, el candidato del Partido Verde Richard L. Weiss, y el Libertario Robert Cowburn.
El ganador desempeñará un mandato de cuatro años en un cargo con una rica historia que se remonta a casi 400 años. Sin embargo, el cargo de fiscal general es electo desde 1980, y el primer candidato elegido juró su cargo en 1981.
A varias semanas de las elecciones del 5 de noviembre, muchos votantes siguen decidiendo por quién votar. Un sondeo de Emerson College entre probables votantes publicado a finales de agosto mostraba a DePasquale y Sunday prácticamente empatados, con un 14% de indecisos.
Actualmente hay programados dos debates televisivos, ambos protagonizados por los dos candidatos de los principales partidos: el 3 de octubre a las 10 de la mañana en WGAL (el debate se emitirá por la noche) y el 15 de octubre a las 7 de la tarde en ABC27.
Esta guía podrá actualizarse a medida que se disponga de información adicional sobre los candidatos.
¿Qué hace el fiscal general?
El fiscal general de Pensilvania supervisa a cientos de empleados repartidos entre las divisiones penal, civil y de protección pública.
La Ley de Fiscales de la Commonwealth prescribe las principales funciones de la oficina, que incluyen la dirección de grandes jurados estatales, la persecución de delitos y la representación de Pensilvania si el Estado es auditado o perseguido a nivel federal.
La misión oficial de la oficina es proteger "la vida, la propiedad y los derechos constitucionales y de los consumidores, para garantizar la seguridad y la libertad de quienes viven y visitan la Commonwealth".
El fiscal general también forma parte de la Junta de Indultos y nombra al defensor del consumidor del Estado.
Los fiscales generales electos suelen aportar su propia marca fiscal al trabajo de la oficina, basada en su formación y en áreas jurídicas concretas de interés.
La fiscalía es una de las tres fiscalías independientes de Pensilvania (las otras dos son la del tesorero del Estado y la del auditor general del Estado), y al menos un anterior fiscal general ha aprovechado este hecho para tomar decisiones legales que han chocado con el gobernador — e incluso con las funciones establecidas que tiene la fiscalía.
Esa tensión alcanzó su punto álgido durante el mandato de Kane. En 2013, Kane se negó a defender al entonces gobernador Tom Corbett y al secretario de salud del estado en una demanda federal que cuestionaba la constitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el estado.
Kane fue elogiada por grupos progresistas y cargos electos por su decisión, pero también criticada por otros que consideraban que eludía su deber legal de defender las leyes de Pensilvania.
El candidato demócrata a fiscal general, Eugene DePasquale, en el edificio del Capitolio en Harrisburg, Pensilvania.
DePasquale, de 53 años, ha pasado gran parte de su carrera en cargos electos.
Estudió en el College of Wooster, la Universidad de Pittsburgh y la Facultad de Derecho de la Commonwealth de la Universidad Widener. En 2006 fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Pensilvania, donde ejerció tres mandatos de dos años representando al condado de York.
En 2012, se presentó y ganó el puesto de auditor general del Estado, donde ejerció el máximo de dos mandatos de cuatro años al mando de esa oficina.
En 2020, se quedó con la nominación demócrata para competir contra el representante republicano Scott Perry en el décimo Distrito Congresional, pero finalmente perdió la contienda.
Aunque no tiene experiencia como fiscal, DePasquale ha centrado su campaña en sus años de trabajo en Harrisburg, un profundo banco de posturas políticas y un largo historial de luchas por políticas.
DePasquale, natural de Pittsburgh que más tarde hizo de York su hogar adoptivo, formó parte de una nutrida promoción de legisladores de primer año que accedieron al cargo en medio de una ola de indignación pública tras la polémica sobre el aumento salarial de 2005, que marcó la reputación de la legislatura.
Cuando se presentó a auditor general en 2012, a menudo promocionaba su historial en la legislatura tratando de minimizar el gasto público. A menudo presumía haber sido el primer legislador en publicar sus gastos en Internet y de ser el que menos gastaba. En una ocasión, durante un debate, señaló que había comprado los muebles de su oficina de distrito en una venta de garaje.
Como auditor general, DePasquale saltó a los titulares con varios de los informes de su oficina, incluida una auditoría de rendimiento de 2019 del sistema de registro de votantes del estado en la que criticó a la administración de su compañero demócrata, el entonces gobernador Tom Wolf, por negar el acceso a documentos clave necesarios para una revisión exhaustiva.
La oficina de DePasquale también reveló preocupantes problemas en la línea de atención telefónica para casos de maltrato infantil — en la que casi 58.000 llamadas quedaron sin respuesta durante más de dos años — y señaló la acumulación de kits de violación sin analizar.
A principios de este año, se quedó con la candidatura demócrata frente a cuatro competidores en unas cordiales elecciones primarias.
En los últimos meses, DePasquale se ha basado en gran medida — más que en campañas anteriores — en los retos personales a los que se ha enfrentado y que, en su opinión, le hacen estar especialmente cualificado para comprender las luchas de la gente fuera de los pasillos del poder.
En el Pennsylvania Press Club de Harrisburg, el pasado agosto, habló de la adicción de su padre a los opiáceos, que duró un año tras regresar de la guerra de Vietnam y que le valió una condena de diez años en una prisión federal. También habló de las dificultades de su familia para cuidar de su hermano con discapacidad, y de la difícil decisión a la que se enfrentaron él y su ex esposa después de que ella sufriera un embarazo ectópico.
DePasquale es actualmente profesor adjunto en la Universidad de Pittsburgh.
Temas principales: Si es elegido fiscal general, DePasquale ha dicho que defenderá las elecciones estatales, rechazará cualquier intento de recortar el acceso al aborto, perseguirá los delitos de odio contra la comunidad LGBTQ+ y tomará medidas severas contra las empresas que violen los derechos de los consumidores.
"Tengo agallas para enfrentarme a las grandes empresas, a las grandes compañías de seguros y para llevar a cabo investigaciones complejas", dijo en un debate en marzo.
Cuando se le preguntó cómo abordaría la delincuencia violenta durante el mismo debate, DePasquale dijo que el estado necesita centrarse en la salud mental, además de alejar las armas de la "gente mala". Dijo que el estado necesita implementar la llamada ley de "bandera roja", que permitirá a las fuerzas del orden o a la familia solicitar a un juez que le retiren temporalmente las armas de fuego a un individuo si parece que esa persona puede hacerse daño a sí misma o a otros.
Apoyos: Miembros demócratas de la legislatura; funcionarios locales y del condado; el senador John Fetterman (demócrata, Pensilvania); el ex representante Mike Doyle (demócrata, Pensilvania); sindicatos como la Asociación de Educación del Estado de Pensilvania, AFSCME Council 13, IBEW Local 98 y la Asociación de Funcionarios Penitenciarios del Estado de Pensilvania; y organizaciones como el Giffords Law Center, Conservation Voters de PA y Planned Parenthood de Pennsylvania.
Nacido en Harrisburg y criado en el Condado de Cumberland, Sunday sirvió en la Marina estadounidense y luego asistió a la Universidad Estatal de Pensilvania y a la Facultad de Derecho Commonwealth de la Universidad Widener.
Sunday, de 49 años, es un fiscal de carrera que ha hecho de la seguridad pública y la lucha contra la epidemia de opioides la piedra angular de su campaña para el cargo.
El republicano ha sido fiscal de distrito del condado de York desde 2018. Sunday comenzó su carrera legal como asistente legal de un juez de Causas Comunes del Condado de York antes de unirse a la oficina del fiscal de distrito del condado. Allí, manejó casos relacionados con drogas y otros delitos mayores, eventualmente ascendiendo para supervisar algunos de los casos más grandes de la oficina.
También fue nombrado por el Departamento de Justicia en 2013 fiscal federal adjunto especial para el Distrito Medio de Pensilvania, donde trabajó en casos de drogas, bandas y armas ilegales, incluido el procesamiento de más de 100 miembros y afiliados de los Latin Kings, una violenta banda criminal que operaba en el condado de York.
En una entrevista el año pasado con el York Daily Record, Sunday dijo que el primer momento clave de su carrera se produjo en 2012, cuando procesó un caso de un hombre que había estafado repetidamente por miles de dólares a un anciano con Alzheimer residente del condado de York.
El caso, dijo al periódico, le hizo hervir la sangre. También le hizo darse cuenta de que el sistema de justicia penal debe ser más receptivo con las personas que involuntariamente se ven enredadas en él, incluidas las familias de los acusados de delitos.
El segundo momento decisivo de su carrera fue la epidemia de opioides.
La epidemia produjo una nueva ola de delitos relacionados con la desesperación que sienten las personas que luchan contra la adicción. Sunday dijo que se hizo imperativo ir más allá de la persecución de esos delitos para comprender las causas subyacentes de la crisis.
La oficina del Fiscal del Condado de York empezó a trabajar con el forense y con organizaciones de la comunidad para alcanzar ese objetivo, un esfuerzo de colaboración que, según Sunday, ha permitido reducir la delincuencia, las muertes por opiáceos y el número de casos penales en el condado.
"Lo que hacemos cuando procesamos casos es sólo la punta del iceberg", declaró al periódico.
El condado de York ha experimentado una reducción de la delincuencia y de su población carcelaria durante su mandato, según el York Daily Record. La ciudad de York experimentó una caída del 36% en los delitos con armas de 2022 a 2023, informó el medio de noticias.
"A todo el mundo se le da la oportunidad de cambiar su vida", dijo Sunday al periódico sobre la iniciativa de Intervención contra la Violencia de Grupo del condado de York, de la que es miembro fundador. "La realidad es que, si no lo haces, te van a detener y te van a procesar con todo el peso de la ley.
Durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, Sunday ordenó a las fuerzas de seguridad locales que no expidieran citaciones a los negocios que violaran la orden de cierre de negocios del gobernador Wolf. Emitió un mandato similar para no procesar las citaciones relacionadas con la orden de Wolf de 2021 que exigía el uso de cubrebocas en las escuelas.
"Esta orden incluye justificaciones incorporadas y el lenguaje de la orden no incluye los detalles de cómo pueden probarse", dijo Sunday en ese momento.
Sunday fue el primer republicano en anunciar su candidatura a fiscal general el año pasado. Aunque fue respaldado por el partido, se enfrentó a un contrincante en las elecciones primarias la primavera pasada, que resultó en una lucha más reñida de lo esperado por la nominación.
El oponente de Sunday, el representante estatal Craig Williams, del condado de Delaware, trató de tachar a Sunday de progresista en cuestiones de justicia penal, una caracterización que Sunday ha negado. A principios de su vida, Sunday se registró como demócrata. En una carta a sus partidarios, Sunday explicó que, cuando era joven, siguió la tradición familiar al inscribirse por primera vez para votar, pero que después de la universidad quedó claro que sus opiniones eran firmemente republicanas.
Durante un debate entre ambos el pasado mes de marzo, Sunday afirmó que "el problema número 1" al que se enfrenta el estado es la epidemia de fentanilo.
"Me presento a fiscal general porque creo que nuestra frontera abierta y el fentanilo que entra a raudales va a matar a más estadounidenses y a más ciudadanos de Pensilvania de los que hemos visto en nuestras vidas", Sunday dijo en ese momento.
Temas principales: La seguridad pública y la epidemia de opioides son las principales prioridades de Sunday. Ha señalado su trabajo colaborativo en el condado de York como modelo, y ha descrito su filosofía como "responsabilidad y redención".
Durante un debate en marzo, Sunday argumentó que una de las principales causas de la delincuencia es la falta de detenciones, acusaciones y procesamientos por tenencia ilícita de armas de fuego. "Porque hasta que eso no se haga, nunca veremos un cambio", dijo.
Sunday dijo durante el mismo debate que no cree que la Constitución estatal garantice el derecho al acceso al aborto, argumentando que esa decisión corresponde al poder legislativo.
Más tarde añadió: "Cumpliré la ley, sea cual sea, según determine el poder legislativo".
Cuando se le preguntó por la integridad de las elecciones, Sunday dijo que en el condado de York asignó detectives para investigar las denuncias de delitos electorales. "Y como resultado de eso, pudimos ver… que no hubo fraude material en el condado de York como para haber cambiado las elecciones del condado de York", dijo. "No puedo hablar de ningún otro lugar".
Durante el debate, Sunday dijo que no apoya la legalización de la marihuana para uso recreativo, a pesar del apoyo público y de la presión de los legisladores para hacerlo.
También dijo que solicitaría la pena de muerte para los delitos tipificados. La última ejecución en Pensilvania tuvo lugar hace 25 años, y actualmente existe una moratoria sobre su uso.
Abogado de Erie, Magill asistió a la Pennsylvania Western University, Edinboro, y más tarde a la Facultad de Derecho de la Roger Williams University. Mientras cursaba sus estudios de derecho, hizo prácticas en la división penal de la Fiscalía General de Rhode Island. Sirvió en el ejército estadounidense y dirigió un bufete privado especializado en planificación patrimonial y creación de empresas.
En su página web, el Partido de la Constitución de Pensilvania dice abogar por un papel más limitado del gobierno; eliminar la regulación gubernamental, las tasas y los impuestos para mejorar la economía; y restaurar la rendición de cuentas del gobierno. La plataforma del partido nacional se opone al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo; se opone a las leyes que exigen el registro de armas o municiones; y cree que "la educación en su conjunto" no debe estar separada de la fe religiosa.
En una entrevista, Magill dijo que cree que el propósito del gobierno es proteger los derechos individuales, y que "el derecho a la vida" es fundamental. En su opinión, los padres deben tomar las decisiones educativas de sus hijos, y las escuelas deben organizarse a nivel local o comunitario con la participación directa de los padres.
Dijo que no tiene un sitio web de campaña, y señaló que se presenta en parte para permitir a los votantes tener una elección más amplia en las urnas. En su opinión, la fiscalía general cuenta con un personal "excepcional" que ha cumplido bien su misión a lo largo de los años.
A la pregunta de si tendría dificultades para defender leyes con las que personalmente no está de acuerdo, Magill respondió: "Celebro que el cargo no pueda hacer leyes. Nadie más que los funcioanrios electos pueden anular una ley sin violar los derechos del pueblo. Creo que nuestros tribunales se han equivocado mucho en esa cuestión. … Es bueno que [la Fiscalía General] se atenga a la Constitución".
Activo desde hace tiempo en asuntos gubernamentales, Settle fue consejero general adjunto del ex gobernador republicano Tom Ridge y también formó parte del equipo de transición del gobernador Shapiro. El abogado del condado de Montgomery se considera moderado en cuestiones sociales y conservador en las fiscales, informó WHYY.
Afirma que será verdaderamente independiente al frente de la fiscalía general y que se asegurará de que el cargo no dependa de ningún partido. En su carrera jurídica, se ha especializado en derecho sanitario y ha destacado su participación en la aprobación de una ley de gran repercusión en la década de 2000 que obligaba a las compañías de seguros a cubrir los servicios de autismo para menores de 21 años.
Settle apoya el derecho al aborto en su versión actual y ha dicho que trabajará para reducir el número de armas ilegales en las comunidades de todo el estado. Como fiscal general, dijo que vigilaría más de cerca las fusiones de los sistemas de atención sanitaria y tomaría medidas más fuertes contra las estafas financieras que se aprovechan de los residentes vulnerables.
Abogado del condado de Allegheny, Weiss es partidario de reformas de la justicia penal que incluyan el fin de las fianzas en efectivo, la despenalización del consumo de drogas y del trabajo sexual, y la creación de juntas ciudadanas de revisión policial con estrictas normas de profesionalidad policial.
En un cuestionario a la emisora de radio pública WPSU que respondió como candidato al Senado de EE.UU., Weiss dijo que cree que los delincuentes no violentos deben ser desviados del encarcelamiento a otros programas. Dijo que está a favor de utilizar la justicia restaurativa — que definió como un proceso de colaboración que implica la reparación del daño a las víctimas y se centra en la reintegración de los autores en la comunidad — como alternativa al encarcelamiento "en la medida de lo posible."
Es partidario de poner fin a las paradas de tráfico; despenalizar o legalizar el cannabis; borrar los antecedentes penales de las condenas por cannabis; liberar a los reclusos ancianos y enfermos; y colocar cámaras corporales a los agentes y a cualquier persona detenida.
También es partidario de reinstaurar la prohibición de las armas de asalto, y de una legislación que defina las armas de uso militar y las de uso civil.
Cowburn, abogado y presidente del Partido Libertario de Pensilvania, ha hecho de lo que denomina extralimitación normativa a nivel estatal y federal el eje de su campaña. Ha hablado de eliminar las barreras normativas al desarrollo económico, aunque no ha especificado cuáles serían sus objetivos.
Sostiene que la educación pública ha fallado a los estudiantes — por considerar que hace más hincapié en la conformidad que en el pensamiento crítico — y se declaró partidario de ampliar el acceso a las escuelas subvencionadas. Si es elegido, ha dicho que crearía una unidad especializada dentro de la oficina para erradicar la corrupción pública en todos los niveles de gobierno.
También ha dicho que abogaría por reformas electorales, incluida la reducción de las barreras a los candidatos de terceros partidos para presentarse a las elecciones.
Esta guía incluye lenguaje de una edición primaria escrita por Félicie Jungels, Maya Mehrara y Sophia Takla. Son estudiantes de posgrado de la Universidad de Nueva York en el programa American Journalism Online e informaron como parte de una colaboración con Spotlight PA.
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